Los clanes gallegos: estraperlo, contrabando y narcotráfico

En los últimos años hemos visto brollar noticias, series y libros sobre el narcotráfico: noticias del Chapo Guzmán o el cártel mexicano, la popular serie de Netflix sobre Pablo Escobar o la estadounidense The Wire, los libros de Don Winslow, entre otros. Parece que este fenómeno, el del narcotráfico, fuera algo exclusivo del continente americano. Incluso cuando pensamos en el narcotráfico en Europa están en el imaginario colectivo las distintas mafias italianas, como la Camorra o la Cosa Nostra. Pocos saben que España, especialmente Galicia, fue y sigue siendo la puerta de entrada de la cocaína en Europa, que en ese territorio existieron poderosos y ostentosos narcos vinculados a Alianza Popular (AP) —embrión del Partido Popular (PP)— y a equipos de primera división…

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Por Enric Rodriguez

Una de las zonas más afectadas por el tráfico de drogas es la región de Centroamérica, una zona de tránsito que une la producción de Sudamérica con el consumo de Norteamérica. Si tuviéramos que trasladar este esquema a Europa, Galicia equivaldría a Centroamérica, la productora seguiría siendo Sudamérica y los consumidores, los países occidentales de la Unión Europea. La principal diferencia reside en la violencia: las maras centroamericanas no son ni de lejos comparables a los clanes gallegos. En otras palabras, la violencia no ha tenido apenas lugar en la actividad del narco gallego.

Que Galicia fuera elegida como la entrada de droga de Europa no fue una cuestión de azar, sino de dos cuestiones logísticas. La primera de ellas es por su ubicación y por su geografía: disfruta de muchos kilómetros de costa y de amplios recovecos y estuarios llenos de islotes que permiten la fácil entrada y el camuflaje de las narcoembarcaciones. La segunda cuestión por la cual los productores sudamericanos eligieron Galicia fue por la preexistencia de estructuras que permitían la distribución de la droga, unas estructuras que se originaron durante la primera mitad del siglo XX, mucho antes de la llegada masiva de drogas a España.

El contrabando, más conocido en nuestro país como estraperlo, se inició en la Guerra Civil y continuó en la dura posguerra, aprovechando los montes de Ourense para el contrabando de alimentos, medicinas y recambios que en la empobrecida y autárquica España franquista solo se podían traer a escondidas desde Portugal, donde la situación no era tan cruda gracias a las riquezas de sus colonias africanas. El contrabando no era simplemente una vía para importar artículos de primera necesidad y muy escasos, sino que pronto se convirtió en un modo de ganarse muy bien la vida, respetado, prestigioso y nada inmoral.

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De productos de necesidad al contrabando de tabaco

En los años 50, encontramos una España pobre, pero sin las miserias de años anteriores, y un Portugal en dirección opuesta debido al inicio de una profunda crisis con la guerra de sus colonias —Angola y Mozambique—, hecho que provocó olas migratorias de portugueses hacia Galicia para huir de la pobreza o bien para evitar ser llamados a filas. Como ya existían estructuras de contrabando, estas se aprovecharon para el tráfico ilegal de personas.

En esta época, los productos importados ya no eran siempre de primera necesidad. Se empezó entonces con el contrabando de tabaco, aunque a pequeña escala. En los 60, la cuestión alcanzó otras dimensiones y el contrabando familiar evolucionó hacia un contrabando jerarquizado, el cual generó grandes riquezas a familias pobres que les permitieron ascender socialmente —algo poco común en la época— y llevar un estilo de vida que nunca habrían imaginado. Es el caso del presidente del Real Club Celta de Vigo, Celso Lorenzo Villa, que para entonces era un gran contrabandista de tabaco. Otro miembro de la directiva del equipo, Vicente Otero, conocido como Terito o don Vicente, además de contrabandista, era también militante de Alianza Popular.

Militar en AP no era una cuestión anecdótica. La militancia o, en su defecto, la financiación al partido conservador era una constante entre los contrabandistas de la época. Ejemplo de ello es Manuel Díaz González, alias Ligero, alcalde de A Guarda y presidente del Club Sporting Guardés, quien estuvo en la cárcel por contrabando y a cuyo funeral asistieron políticos tan destacados como Manuel Fraga Iribarne. Otro caso es el del alcalde José Ramón ‘Nené’ Barral, cuyo mandato en Ribadumia se prolongó desde 1983 hasta 2001 —ya con el Partido Popular—, cuando fue imputado por contrabando de tabaco.

Admiración popular, complicidad policial y política explican algunos porqués del éxito de estos contrabandistas. Financiaban a las parroquias locales, a los equipos deportivos, a policías, políticos, jueces y daban ‘faena’, directa o indirectamente, a los ciudadanos. Algunos capos llegaron incluso a costear tratamientos médicos y operaciones de vecinos que no tenían recursos económicos.

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El salto al narco

Ya en los 80, el contrabando se internacionalizó y empezó a trabajar con nuevos productos, como el hachís y la cocaína. Los clanes gallegos, la Camorra italiana y los grupos griegos se asociaron con dos compañías tabacaleras: las estadounidenses R. J. Reynolds y Phillip Morris. Las multinacionales desviaban la mercancía defectuosa y el excedente para el contrabando. El volumen de contrabando fue tal que un tercio del tabaco ilegal de Europa en esos años se movía a través de Galicia.

En esta nueva etapa apareció una segunda ola de contrabandistas, probablemente la generación más pintoresca de la historia del contrabando en Galicia por su estilo de vida ostentoso y ‘kitsch’. No todos los contrabandistas que aparecieron en este momento eran nuevos en el sector; algunos de las generaciones anteriores se habían mantenido en el puesto sabiéndose adaptar a las nuevas demandas del mercado: Manuel Charlín Gama, estraperlista de penicilina, cobre y alcohol, se pasó al contrabando de tabaco y finalmente dio el salto al hachís y la cocaína. Es en este momento cuando los clanes gallegos se alían con los cárteles sudamericanos.

La controvertida reconversión industrial a inicios de los 80 de Felipe González y la Política Pesquera Común (PPC) de la UE del 86 afectaron notablemente al sector naval y dejaron a los pescadores gallegos en una situación muy delicada. Algunos de ellos vieron una salida en trabajar para los clanes en aguas internacionales —a poco más de 300 km de la costa gallega— recogiendo fardos importados de Colombia en las planeadoras.

José Ramón Prado Bugallo, apodado Sito Miñanco, era uno de los capos de un importante clan gallego, con conexiones probadas con la Camorra y estrecho colaborador de narcos colombianos. Financiaba al Club Juventud de Cambados con giras por Panamá, donde aprovechó para hacer sus negocios y casarse con la sobrina del ministro de Justicia del Gobierno del general Manuel Antonio Noriega. Fue nombrado Hijo Predilecto en 1989 de la población gallega de Cambados cuando gobernaba el PP. Tal era su relevancia que estaba buscado por la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés), la Interpol y el juez Garzón durante la operación Nécora. Finalmente, cayó en 2001 junto a un colombiano del cártel de Cali por un chivatazo de un narco libanés, confidente de la DEA. Su ejemplo ilustra bien el nivel de internacionalización de estos clanes gallegos.

Sito no era el único que gozaba de buenas relaciones con los colombianos. Pablo Vioque, presidente de la Cámara de Comercio de Vilagarcía de Arousa por AP a la vez que ejercía de abogado de contrabandistas, fue encarcelado por tráfico de cocaína y por su relación con el cártel de Cali. Las relaciones de los clanes gallegos se extendían también a grupos armados, como las Autodefensas Unidas de Colombia —actualmente denominados Los Urabeños—, quienes mantenían contacto con Rafael Bugallo, capo gallego detenido en 2015.

Tal era la impunidad del contrabando y del narco en Galicia que José Nelson Matta Ballesteros, dirigente del cártel de Medellín y jefe del clan de los Ochoa, huyó de su país para esconderse en Coruña tras la orden de búsqueda emitida por la DEA y la Interpol.

El norte de África era otro punto de conexión con los clanes gallegos. De allí se importaba el hachís, como lo hacían Laureano Oubiña Piñeiro o José Antonio Pouso Rivas, principalmente de Marruecos. A Oubiña se le vinculó, además de con otros narcos, con el traficante de armas sirio Monzer al Kassar, quien proveía de armamento a grupos tan dispares como el Frente de Liberación Palestino o la guerrilla antisandinista de Nicaragua. Sería el sirio quien le traicionaría para ponerle entre rejas cuando la Interpol le ofreció dejar de lado las investigaciones contra él si entregaba a Oubiña, y así lo hizo en 2000 cuando quedaron en la isla griega de Eubea, donde fue finalmente capturado.

Quizá el más famoso de todos los capos gallegos sea Marcial Dorado Baúlde, un contrabandista tabaquero de la segunda generación. Adquirió notoriedad en 2013 con las fotografías que publicó El País junto al actual presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con el que ha hecho algunos viajes y quien ha comido en su mansión de A Illa. Hoy sigue cumpliendo condena por blanqueo y por construir y vender un barco que iba a transportar cocaína. Asimismo, su hija fue condenada el año pasado por blanqueo.

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Operación Nécora: ¿el golpe final?

Durante todos estos años, no existía jurisprudencia ni mecanismos legales para dar caza a estos capos. Si rastreamos los primeros intentos de juzgar a este tipo de delincuentes en España, debemos remontarnos al macrosumario 11/1984, el primer movimiento judicial contra el contrabando y al narcotráfico, sin éxito. El Estado español se apresuró en aquellos años a introducir leyes e impulsar la lucha contra la droga: en 1988 se reforma la ley contra el blanqueo de capitales como consecuencia de la Convención de Viena de ese año, un año más tarde se crea la Fiscalía Antidroga de Galicia, se lanzó la operación Santino, etc.

En los 90, fueron los servicios antidroga de EE. UU. y Europa los que dieron el toque de atención a España como entrada de importación de droga. John Lawn, director de la DEA por entonces, repitió en una cumbre celebrada en Roma las palabras de su homólogo estadounidense: que la entrada de cocaína de Europa era Galicia y que los narcos de Medellín y Cali habían establecido conexiones con los clanes gallegos e incluso algunos habían pasado un tiempo en las tierras, como el caso de los Ochoa o José Nelson. El jefe de la DEA en España calculó que el 80% de la cocaína que circula por Europa llega por Galicia.

Entonces llegó la primera actuación exitosa a gran escala impulsada por el Estado, la operación Nécora, con Baltasar Garzón como juez y Javier Zaragoza como fiscal jefe. El 12 de junio de 1990 se hizo la primera macrorredada en Galicia, después de un año de investigación, con cerca de 350 policías y helicópteros, la mayoría procedentes de Madrid. Las autoridades superiores gallegas no fueron avisadas para evitar soplos a los clanes. El macrojucio empezó tres años más tarde con 68 procesados y 52 acusados y terminó en septiembre de 1994 con 33 sentencias de cárcel. No todos los capos cayeron, aunque sí lo harían en años posteriores; al fin y al cabo, tenían mil ojos encima después de la operación.

La política frente al narcotráfico dio un giro con la operación Nécora. Fue un auténtico punto de inflexión: la impunidad y la vida ostentosa habían terminado para los clanes. Lo que no terminó fue el tráfico de droga entre los cárteles colombianos y los clanes gallegos, aunque después del macrojuicio se vieron obligados a mantener un perfil bajo.

El encarcelamiento de los grandes capos provocó un vacío de poder que volvió a ser ocupado por traficantes más pequeños. De hecho, estos grupos menores proliferaron sin precedentes y retomaron la actividad entre los años 2001 y 2003, período en el que batieron récords de importación de cocaína: durante el agitado trienio, las autoridades decomisaron 54.000 kilos de cocaína. La diferencia con épocas anteriores es que las autoridades ya disponían de recursos económicos y humanos, existía una política antidroga desde las instituciones y había leyes que permitían su persecución. La lucha fiscal se convirtió en la vía más efectiva, como sucedió en EE. UU. con Al Capone. Con nuevas encarcelaciones a capos, tras 2003 los clanes gallegos decidieron reorganizarse y cambiar su estrategia. Se especializaron entonces en narcotransporte. Al fin y al cabo, Galicia siempre ha tenido una cantera preparada para cada época.

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La vía judicial no fue el único frente que tuvieron los clanes gallegos. Desde la sociedad civil también se atacó a los narcos. Extremadamente importantes fueron las organizaciones de madres contra la droga, quienes hacían escraches a los narcos en las puertas de sus mansiones y en sus visitas a los juzgados, acciones que ponían su vida en peligro, pero que atraían la atención de medios de comunicación y forzaban a reaccionar a las instituciones. Otro enemigo declarado, curioso y poco mencionado, fue el Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre, una organización independentista que colocaba explosivos en propiedades de narcotraficantes.

El negocio de la droga afectó gravemente a la estructura política y social de Galicia y sus efectos son visibles hoy en día. Las consecuencias de ser la puerta de entrada de drogas a Europa y de tener una organización mafiosa tan importante son muchas, pero hay tres destacables. En primer lugar, la consecuencia de que toda la región se dedicara a la misma actividad económica fue que se abandonara el resto de actividades productivas, con la consiguiente hipoteca de futuro, a lo que debe sumarse el cuantioso volumen de dinero estafado a la Administración pública. La segunda consecuencia fue la instalación de una cultura delictiva, pero quizá la más importante sea el daño hecho a las familias por los miles de jóvenes perdidos por la droga.

Galicia sigue siendo una puerta de entrada de cocaína, con Colombia como proveedor principal y buenas relaciones con la Camorra napolitana. Con el tiempo, han ido aparecido nuevos socios en el escenario, como son los grupos búlgaros y nigerianos. Más recientemente, se ha vinculado incluso a los clanes gallegos con el Estado Islámico mediante el tráfico de hachís. La solución a este problema de salud pública no resulta evidente ni unánime; en lo que sí parece haber acuerdo es en evitar que la comunidad gallega acabe convertida en una región sin ley donde los narcotraficantes puedan campar a sus anchas.

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