Un nuevo tablero mundial

Con total secretismo, las élites económicas y políticas mundiales están configurando un nuevo tablero para el comercio global. El pasado octubre, tras duras negociaciones y venciendo las reticencias de Valonia, unas de las tres regiones belgas, la Unión Europea y Canadá firmaron un tratado bilateral de libre comercio ─conocido como CETA, por sus siglas en inglés─, que afecta a más de 500 millones de ciudadanos…

Demonstrators protest against CETA outside the EU summit in Brussels

Por Cristina Fernández

El acuerdo eliminará el 99% de los derechos de aduanas y las restricciones de acceso a los contratos públicos a ambos lados del Atlántico y liberalizará el mercado de servicios en los territorios de ambas partes. Bruselas calcula que el acuerdo impulsará el crecimiento y el empleo en ambas zonas. Ahora, para su entrada en vigor, tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo, previsiblemente a mediados de diciembre, y, posteriormente, por cada uno de los estados miembros.

“La de Canadá no es una economía importante. Sin embargo, el CETA es el primer paso en la estrategia para aprobar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) porque las grandes empresas estadounidenses están asentadas en aquel país, por lo que se está utilizando políticamente como experimento”, explicaba el experto en política comercial europea Frédéric Viale. Es, por tanto, la primera pieza del engranaje de una serie de acuerdos para acabar con cualquier barrera para el libre comercio.

Según la propia Unión Europea, los principales objetivos del TTIP son “la apertura de Estados Unidos a las empresas europeas, contribuir a reducir los trámites burocráticos que deben cumplir las empresas para exportar e introducir nuevas normas que hagan la exportación, la importación y la inversión en Estados Unidos más fáciles y justas”. Con estas medidas “se relanzará la economía europea y su influencia en el mundo”, argumenta el ejecutivo comunitario.

Pero, para Viale, “el TTIP es un acuerdo con el que se pretende conseguir que las normas internas, es decir, las decisiones públicas que toman los Estados, las comunidades autónomas y los municipios, no sean un obstáculo para el comercio”. Los adversarios del TTIP alertan de que éste forzará una revisión a la baja de la legislación social y de las de protección del medio ambiente y de los consumidores.

Las filtraciones de las negociaciones secretas les han dado la razón: han revelado que en ellas no se tiene en cuenta el reciente Acuerdo de París para reducir las emisiones de dióxido de carbono ni se plantea descartar la regulación de la importación de combustibles altamente contaminantes como el petróleo procedente de arenas bituminosas. Además, sobre la mesa están propuestas como reducir las medidas obligatorias de ahorro de energía y plantear obstáculos a la extensión de las renovables. Pero la Comisión Europea mantiene todavía que el acuerdo no rebajará el rigor de las regulaciones europeas.

Las negociaciones sobre el TTIP ya van por la ronda número 15, aunque su futuro es incierto: a las diferencias entre los EE.UU. y la UE se suman las declaraciones de algunos líderes políticos franceses y alemanes ─en ambos países hay comicios en 2017─ mostrando públicamente su rechazo, así como el expresado por el presidente electo estadounidense, Donald Trump. Además, cabe destacar la creciente oposición en la opinión pública de varios países.

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Acuerdo UE y Canadá Octubre 2016 -Foto Jennifer Jacquemartuey-

Privatizar servicios públicos

Mientras los políticos discuten públicamente sobre el TTIP, las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, conocido como TISA por sus siglas en inglés, pasan casi desapercibidas. Este tratado, que está siendo negociado todavía con más hermetismo que el primero, va aún mucho más lejos: afecta a muchas más personas, nada menos que a 1.800 millones de ciudadanos, a dos tercios de la economía mundial y a cerca del 70% del comercio mundial de servicios. Están involucrados 23 países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida la UE.

El TISA es un acuerdo para liberalizar el comercio de servicios, un concepto que incluye telecomunicaciones, transporte, energía, al sector financiero y turístico, entre otros. Por tanto, también engloba a los servicios públicos. Según las cifras del Banco Mundial, los servicios representan alrededor del 75% de la economía de la UE, el 80% de la economía estadounidense y la mayoría de las economías de casi todos los países desarrollados.

Desde marzo de 2013 se han celebrado 21 rondas de negociación a puerta cerrada y no hay un plazo establecido para poner fin a las mismas. Tampoco se conocen los contenidos que se tratan y, como ejemplo del extremo secretismo que envuelve este acuerdo, algunos documentos del mismo están sujetos a una cláusula que impide su publicación hasta cinco años después de su firma.

Pero gracias a algunas filtraciones logradas por organizaciones como Wikileaks o Greenpeace Holanda, los ciudadanos han podido conocer algunos datos. Tal y como han revelado los ecologistas sobre la última ronda de negociación, el TISA socava el Acuerdo sobre cambio climático alcanzado en París el pasado año: la propuesta de liberalización de los servicios energéticos puede afectar gravemente a los objetivos establecidos y dar rienda suelta a la industria de combustibles fósiles.

Además, los borradores con que se trabaja desregulan todavía más el sector financiero y de servicios, y debilitan las leyes de privacidad de datos. Las informaciones difundidas apuntan a que los países que suscriban el TISA y apliquen liberalizaciones no podrán dar marcha atrás en estas políticas, aunque finalmente resulten un fracaso. Por tanto, si un gobierno opta por liberalizar servicios como la educación, la sanidad o el suministro de agua potable, estos sectores no podrán volver a ser renacionalizados.

Varias organizaciones, como Greenpeace, Global Justice Now o ATTAC, denuncian que el TISA profundiza en la “globalización económica” ignorando el precio medioambiental y la soberanía de los países que lo firmen, y que quiere acabar con los principios democráticos de igual forma que el resto de acuerdos que hay sobre la mesa. Uruguay ya ha abandonado las negociaciones, alegando que dicho tratado constituía un menoscabo de su independencia como nación.

El futuro de estos tratados está más que nunca en entredicho por la llegada el próximo enero a la Casa Blanca de Donald Trump, quien ya ha anunciado que se retirará del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), promovido por la administración Obama para, entre otros objetivos, contrarrestar la expansión comercial china. El pacto incluye a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile. Trump lo ha catalogado como un “desastre potencial” y ha afirmado que negociará “tratados comerciales bilaterales justos”. Como en tantos otros terrenos, habrá que ver en qué quedan sus agresivas promesas electorales.

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